El interrogatorio se hará en el despacho del juez.

La citación se produce después de que su predecesor en Defensa, Federico Trillo, remitiera el 14 de marzo el cuestionario que le trasladó el juez, ya que él se acogió al derecho que le asiste como ex ministro a declarar por escrito.

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, comparece este lunes en la Audiencia Nacional como testigo de la causa que instruye el juez Fernando Grande-Marlaska para determinar las irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.

La comparecencia, que estaba prevista en un principio a las diez de la mañana, se retrasará hasta las cuatro y media de la tarde después de que Bono lo solicitara en previsión de que a la hora fijada tuviera asistir en el Palacio de la Zarzuela al acto de jura o promesa de la Constitución por parte de los nuevos ministros, informaron fuentes jurídicas.

Bono, que dirigió el Ministerio de Defensa entre 2004 y 2006, comparecerá en condición de testigo de la causa. El ex ministro acudirá en persona a la Audiencia Nacional al renunciar al privilegio de poder declarar por escrito, al que sí se acogió su antecesor en el cargo Federico Trillo, quien atribuyó la responsabilidad de contratar el avión al Estado Mayor Conjunto (EMACON).

Debido a la importancia de esta declaración, que ha sido aplazado en tres ocasiones por diferentes motivos, acudirá en representación del Ministerio Público el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que acompañará al teniente fiscal, Fernando Burgos, encargado del caso hasta la fecha.

Otra declaración pendiente

La otra declaración que se encuentra pendiente en esta causa es la del representante de Chapman Freeborn en Alemania, Russi Batliwala, que comparecerá en la Audiencia Nacional el próximo 6 de mayo. Esta declaración se producirá después de que los directivos de la compañía en España señalaran que fue esta oficina la que subcontrató el Yak-42 a la compañía ucraniana UM Air después de recibir la adjudicación por parte de la agencia de la OTAN Namsa.

En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido además de Trillo el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares. Todos ellos aseguraron no tener constancia de la existencia de quejas sobre el funcionamiento de los aviones contratados a compañías de la antigua Unión Soviética.

También han testificado el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".

Identificación de los cadáveres

Por otra parte, la Sala de Lo Penal celebrará el martes una vista en la que estudiará el recurso de apelación presentado por la Fiscalía al auto de Grande-Marlaska mediante el que archivó la investigación relativa a los errores que se produjeron en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordenó el pasado 22 de noviembre el sobreseimiento de la causa contra los cuatro responsables militares que dirigieron los trabajos de identificación, al considerar que a pesar de que su conducta fue "grave" no encajaba en el delito de falsedad documental del que habían sido acusados. El archivo fue recurrido en apelación tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Yak-42.

El Ministerio Público acusó del citado delito al general de Sanidad Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación a la hora de redactar los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusaron al teniente general José Luis Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones.