Luis María González, destituido como comandante castrense del Regimiento de Infantería Soria, con base en Fuerteventura, ha llevado a los tribunales al arzobispo castrense de España, Francisco Pérez.

Le acusa de un supuesto "delito de prevaricación administrativa". El trasfondo de la denuncia ha sido su cese como capellán, decretado por el arzobispo a mediados del año pasado.

El arzobispo castrense decidió revocar la misión canónica de González, por lo que éste ha tenido que abandonar sus tareas religiosas en el citado cuartel. El motivo: "la conducta desordenada y escandalosa" del capellán.

Es un eufemismo para referirse a las deudas económicas del capellán con muchas personas de la isla canaria.

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Puerto del Rosario, Gemma López Fernández, ha abierto diligencias tras recibir una denuncia del capellán contra el arzobispo por supuesta prevaricación. Según fuentes jurídicas isleñas, es posible que la magistrada se inhiba porque, de haberse cometido tal delito, éste se habría producido en Madrid, que es donde el arzobispo dictó la resolución que revoca la misión canónica de González en Puerto del Rosario.

Los hechos se remontan a febrero del año pasado cuando, siempre según los citados medios, el arzobispo decidió intervenir ante las quejas de algunos fieles por el impago de las deudas que mantenía con ellos el capellán. El arzobispo lanzó una reprimenda al capellán y, por escrito, le dio un plazo de 30 días para que pagase "sus importantes deudas económicas".

Se trataba de lavar la "mala imagen para la iglesia" derivada de la conducta de uno de sus ministros, según el arzobispo.

Pero pasó el plazo de 30 días y González, lejos de abonar las deudas o, como le reprocha el arzobispo, al menos intentarlo, siguió por los mismos derroteros. Ante ello, optó por pasar a la acción.

Le comunicó oficialmente, en nombre suyo y del Ministerio de Defensa, que le revocaba la misión canónica, "dado el persistente incumplimiento de sus promesas" para saldar las deudas. Las fuentes informantes ignoran el monto del dinero que adeudaba el castrense.

La carta del arzobispo era dura. Acusaba de González de propiciar con su conducta una situación escandalosa "e impropia de un ministro de la iglesia". Conducta que iba a más a medida que transcurría el tiempo y ajena a cualquier intención de resarcir a sus acreedores.

Apartarle de la misión canónica significa prohibirle decir misa o ejercer como sacerdote en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. El arzobispo le ordenó que se pusiese a disposición del obispo de la zona.

El prelado castrense tomó esa decisión basándose en el acuerdo entre España y la Santa sede. Si el Arzobispado le retira la condición de castrense, el Ministerio de Defensa nada puede hacer al respecto. El capellán ha optado por combatir en los tribunales su cese y arremete contra el arzobispo.

Se queja a los jueces de que éste ha actuado contra él basándose en meras especulaciones. Afirma que es falso que su conducta haya sido escandalosa. Para él, "escandalosos" son el contenido y los argumentos que emplea el arzobispo para destituirle.

Se queja el sacerdote de que se le ha echado del cuartel sin que nadie le haya aclarado a qué personas les debe dinero, ni cuánto. En todo caso, sostiene que, aunque tuviera deudas, como muchos españoles, eso no es motivo para apartarle de su misión. El arzobispo replica que ello daña la imagen de la iglesia